Participantes al Congreso

Resultados en la fase de Precongreso efectuado en las ciudades de Chilapa, Taxco, Chilpancingo y Acapulco se efectuaron los talleres, con duración de 12 horas impartidos por expertos de distintos lugares del mundo. A los cuales acudieron 1065 personas, en tanto que al Congreso efectuado en el Hotel Princess de la ciudad de Acapulco la participación ascendió a 1400 congresistas.

Red de Investigadores

La Academia Mexicana de Justicia Restaurativa y Oralidad, creo una red Internacional de Investigadores y Académicos, expertos en justicia penal restaurativa. Si estás trabajando y le interesa integrarse a esta red, entre quienes se encuentran:

De La paz Bolivia; Dr. Ramiro Félix Llanos. De Bogotá Colombia; Dr. Álvaro Enrique Márquez Cárdenas. De Santa Barbara, California USA. Mtra. Lyra Monroe. De San Juan de Costa Rica Lic. María Aurelia Blandino Herrera. De Londres Inglaterra. Mtro. Mike Ledwidge. De San Juan de Costa Rica, Dr. Javier Llobet Rodríguez.

Si le interesa integrarse a dicha red, favor de enviarnos su currículo y próximamente nos contactaremos con usted.

Articulo: Mediación comunitaria y menores en riesgo

Mediación comunitaria y menores en riesgo

Cuando la familia y la escuela fallan en su función socializadora, el menor en riesgo queda en estado de exposición, y se potencian las probabilidades de que la influencia perniciosa del medio en que está inmerso produzca el desencadenamiento de conductas tales como:

• Abandono del hogar.
• Deserción escolar.
• Uso de sustancias alteradoras de la mente.
• Actualización de sanciones administrativas.
• Comisión de ilícitos penales.

En este contexto, el Estado mexicano, a través de las instituciones protectoras de niños y adolescentes, procura rescatar a los menores y aplicarles medidas tendientes a modificar su condición.

Por su parte, las entidades federativas y el Distrito Federal, a través de dependencias como la Secretaría de Salud, la Procuraduría de Justicia, el Consejo de Menores, la Procuraduría de la Defensa del Menor, el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, diseñan programas y los instrumentan con el propósito de rescatar a los menores.

En este sentido, los esquemas estratégicos, los programas y las acciones que al respecto se han implementado han producidos magros resultados, ya que la violencia que genera las condiciones que colocan a los menores en riesgo continúa manifestándose, e incluso se multiplican día a día los conflictos que la desencadenan.

Asimismo, las organizaciones ciudadanas que atienden, rescatan y protegen integralmente a menores en riesgo son insuficientes para dar respuesta al número cada vez mayor de niños y adolescentes atrapados en esta condición.

Todo esto, independientemente de que su ámbito de acción se ve restringido por las mismas autoridades, que no muestran la sensibilidad requerida para responder a las necesidades que tales organizaciones tienen para cumplir a cabalidad con su misión.

Aquellos conflictos familiares y escolares que desencadenan actos reiterativos de violencia y que producen menores con un perfil de riesgo, ameritan respuestas innovadoras del Estado y de las agrupaciones sociales.

Dicho de otra manera, resulta necesario avanzar en las estrategias convencionales hasta ahora implementadas, ya que se atiende a los menores pero sin modificar los factores que los colocan en condición de riesgo, de ahí que su rescate se torne complejo; y las causas, al continuar ramificándose, multiplican los casos de desviación y peligrosidad social de menores.

El reto es establecer objetivos, estrategias y líneas de acción encaminados a prevenir la colocación en riesgo de menores y que quienes ya se encuentran en esta situación se abstengan de actualizar ilícitos penales. Que se apliquen las medidas pertinentes para liberarlos del estado en que se encuentran, para lo cual es necesario neutralizar las causas que los colocan en tal condición.

En este ámbito, es pertinente establecer con claridad que:

• La situación de riesgo o de infractor en que se encuentra el menor es un problema social.
• La prevención social de estas conductas hace a la comunidad responsable de los planes que el Estado instrumente en la materia.
• La comunidad está en condiciones de autorregularse y participar activamente en la prevención primaria de tales conductas.

A pesar de los esfuerzos del Estado por dar a la comunidad un rol protagónico en la prevención de la criminalidad, la realidad es que su participación ha tenido una connotación más bien simbólica, sin demeritar resultados aislados en programas destinados a este propósito.

En este contexto, la comunidad, que en última instancia debiera constituirse en la red que evite la caída del menor en riesgo y del menor infractor, no sólo lo deja a la deriva, sino que facilita que ambientes criminógenos que de ella emanan incidan en éstos, potenciando su peligrosidad.

Considero que se debe revalorizar la función socializadora de la comunidad, específicamente la de aquellos grupos humanos que están en condiciones de incidir en la conducta de los menores.

En efecto, el espacio de convivencia del menor –más allá de la familia y la escuela– es el barrio, donde socializa con sus pares. También ahí puede suceder que se le auxilie en la solución de conflictos surgidos en las instituciones sociales ya mencionadas, o al contrario, que se le estimule a través de ejemplos e influencias nocivas y se refuercen sus tendencias antisociales.

Asimismo, también tenemos que en cada colonia, barrio o vecindario, encontramos personas interesadas por lo que sucede a aquellos con quienes conviven, precisamente en un entorno donde es factible que ejerzan una influencia favorable, pero que carecen de medios para ayudarlos. También encontramos personas dispuestas a corromper a los menores con quienes comparten el entorno y a ejercer sobre ellos influencias nocivas, en cuyo caso siempre cuentan con los medios para hacerlo.

No basta con que el Estado facilite la organización de comités de barrio para que coadyuven con el sistema de seguridad pública. Es necesario que se capacite a las organizaciones ciudadanas, específicamente, en cuestiones que apunten a la pacificación de los espacios sobre los que ejercen su influencia.

Ante esta situación, y toda vez que los conflictos en una comunidad suelen resolverse a través de la violencia, consideramos pertinente la instrumentación del Programa de Mediación Comunitaria, con énfasis en disputas vecinales.

Se propone la profesionalización de mediadores pares, seleccionados en los espacios de convivencia donde los conflictos se suscitan y cuyo perfil denote honestidad, confianza y respetabilidad.

Los mediadores serían ciudadanos voluntarios con espíritu de servicio, preocupados por atender las necesidades de sus vecinos y en pacificar contextos conflictivos, de tal forma que se impulsen ambientes cooperativos en las familias y entre vecinos. Con ello se sientan las bases para que, a través de la mediación, se faciliten y mejoren las relaciones interpersonales.

A través de la mediación vecinal se democratizan las relaciones de los integrantes de la comunidad, al privilegiarse el diálogo y reducirse la propensión a relaciones jerárquicas y rígidas que suelen desencadenar violencia y generar un efecto devastador en la salud mental y en la dignidad de los menores.

La mediación vecinal contribuye a:

• Que las disputas en la familia se aborden oportunamente; es decir, cuando los lazos afectivos aún no se han roto. Al aprender la pareja a comunicarse asociativamente se modifican patrones dañinos de conducta y se mejora la relación familiar.
• Los conflictos entre padres e hijos, o entre menores y los adultos bajo cuya custodia se encuentran, y de estos últimos entre sí, se atienden también oportunamente. Por ello es factible mejorar las relaciones interpersonales y abatir las probabilidades de colocar a los menores en riesgo.
• Los conflictos surgidos entre la familia y la escuela a consecuencia de la conducta del menor, además de resolverse, se traducen en compromisos que propician el comportamiento prosocial de miembros de la familia y del menor mismo.
• Los conflictos entre menores de distintas familias se resuelven a través de acuerdos que ellos mismos construyen, previniéndose con ello estallidos de violencia.
• Las desavenencias entre vecinos, que en casos extremos han llegado a culminar con la privación de la vida de alguno de ellos, se resuelven, se restauran sus relaciones y se establecen vínculos que favorecen la pacificación del barrio, y se constituye en un referente de aprendizaje para los menores inmersos en la influencia nociva de este tipo de conflictos.
• Los vecinos toman conciencia de que sus conflictos los mantienen alienados frente a una realidad en la que su cohesión se traduce en mejoramiento de las condiciones de vida de su espacio de convivencia.
• A que se pacifiquen los espacios sociales, al incidir positivamente en los conflictos y mejorar las relaciones entre los integrantes del grupo.
• A que se prevengan las conductas antisociales al validarse el diálogo, la tolerancia y la colaboración en el abordaje de los conflictos.
• A que se democraticen las relaciones interpersonales, ya que propicia un cambio de actitud ante los conflictos y acuerdos producto del consenso, con lo cual se abren espacios para transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.

Articulo: Mediación escolar y menores en riesgo

Mediación escolar y menores en riesgo

Cuando en el seno familiar un menor ha desarrollado habilidades prosociales, cuando ha asimilado principios y valores orientados a la coexistencia pacífica, se le ha nutrido afectivamente, de tal manera que se siente bien consigo mismo y con lo bueno que le pasa a las personas que lo rodean, cuando se preocupa ante el atropello de los derechos humanos de sus congéneres –que los ha aprendido y comprendido porque los adultos bajo cuyo cuidado y protección se encuentra se los han inculcado– encontramos que su perfil es idóneo para que el sistema educativo continúe su proceso de socialización y cumpla con la misión que constitucionalmente tiene encomendada.

En efecto, dentro de los rubros que debe cubrir la escuela durante el proceso formativo del menor se encuentran:

• Desarrollar armónicamente todas sus facultades.
• Fomentar su amor a la patria.
• Fomentar su conciencia de solidaridad internacional.
• Comprender la democracia como un sistema de vida.
• Comprender la realidad nacional.
• Mejorar la convivencia humana.
• Apreciar la dignidad de las personas.
• Valorizar la integridad de la familia.
• Sustentar ideas de fraternidad y de igualdad.

Sin embargo, la realidad es que aquella concepción de la escuela como segundo hogar del menor, aquella estratégica alianza entre la familia y la escuela, es una falacia construida sobre buenas intenciones, ya que la complejidad de las relaciones interpersonales que se dan en la familia trae como consecuencia la heterogeneidad conductual de los menores que se incorporan al sistema educativo.

En efecto, el menor, desde su primer contacto con la escuela, aparece en su calidad de persona con su propia historia de vida, y trae consigo como bagaje lo que hasta ese momento ha aprendido en el ámbito donde se ha desarrollado. Así, junto con el resto de sus compañeros configura un mosaico de múltiples historias, todas diversas, y en algunos casos en condiciones de reproducir pautas de conductas violentas y de riesgo para sí mismo y sus propios compañeros.

Durante el proceso de socialización primaria, cada menor en su hogar de crianza es influido por su entorno inmediato y reproducirá en el futuro los patrones de conducta que se le enseñan o que percibe a través de la observación. Así, si su propia familia es disfuncional, lo que aprenda lo coloca en condiciones de riesgo, y en tal estado arribará al sistema educativo, donde potenciará sus disvalores o reorientará su conducta, dependiendo de las condiciones en que se efectúe su socialización secundaria.

En la actualidad, son motivo de investigación y de preocupación nacional algunos indicadores que nos muestran la tendencia creciente de la violencia en las escuelas.

La violencia en las escuelas es producto, entre otros factores, de:

• El autoritarismo en la familia.
• La incapacidad de la familia para cumplir con la misión de socialización primaria de su descendencia.
• Un ambiente familiar donde los conflictos se perciben como problemas y suelen abordarse competitiva, rígida y jerárquicamente, desconociendo o bien desvalorizando alternativas para solucionarlos cooperativamente.
• Un entorno social en donde los medios de comunicación hacen apología de la violencia y se entroniza un individualismo a ultranza, donde el otro no tiene cabida, salvo que se le quiera para controlarlo, someterlo o dominarlo.
• El autoritarismo del sistema educativo, caracterizado por relaciones que van de la supra a la subordinación, en donde el eslabón más débil es el alumno y sobrelleva las consecuencias de esta condición en la que queda supeditado a los designios de sus maestros y del resto de los actores de la vida escolar.
• Los programas curriculares centrados en la transmisión del conocimiento de asignaturas tradicionales, en los que el profesor cumple con su función circunscribiéndose a cubrir el programa asignado.
• La ausencia de programas destinados a que los estudiantes comprendan los conflictos y desarrollen habilidades para resolverlos colaborativamente.
• Privilegiar la competencia en el aula y en la escuela, con lo cual se incentiva la discriminación, la estigmatización, la deserción, la confrontación desleal y el bajo rendimiento escolar.
• La incongruencia entre los principios filosóficos y ejes rectores del sistema educativo, contemplado en el artículo 3 de la Constitución mexicana y su instrumentación a través de las políticas educativas.
• La autorregulación implícita del comportamiento violento y la intervención de las autoridades educativas sólo en casos considerados graves.
• La ausencia de programas de prevención y atención a menores en condiciones de riesgo, ya sea por el ambiente familiar o por la contaminación de que han sido objeto en la escuela.

Atender eficientemente la violencia en las escuelas, especialmente en lo que toca a aquellos menores que han mostrado tendencias antisociales, es una estrategia de prevención de primer orden.

Si los programas institucionales hasta ahora instrumentados para combatir la violencia en las escuelas no han producido resultados esperados, se debe a que no se incide sobre las estrategias para abordar cooperativamente los conflictos.

De ahí nuestra propuesta de incorporar la mediación escolar al sistema de enseñanza, en un contexto de cambio paradigmático del modelo enseñanza-aprendizaje. Este cambio consiste en desarrollar e instrumentar un Plan Nacional de Enseñanza Cooperativa que sustituya al actual modelo de corte competitivo, ya que éste en su esencia conlleva la propensión al enfrentamiento y al abordaje destructivo de los conflictos.

Una estrategia para crear condiciones de aprendizaje cooperativo sería incorporar a los planes de estudio, desde preescolar hasta la universidad, el currículo de resolución de conflictos.

Un plan nacional en el que participaran las entidades de la república y el Distrito Federal, y donde la columna vertebral de la política educativa se sustentara en la enseñanza cooperativa, que nos llevara a impulsar con sustento científico una cultura de la paz. Esto implicaría una revolución educativa en la que todos los contenidos de las materias que integran el currículo se enseñarían invariablemente desde la perspectiva de la solución pacífica de los conflictos. Se establecerían a la vez programas de desarrollo de habilidades cognitivas prosociales vinculados a tal fin.

En lo que toca a los menores de edad, lo ideal es entrenar a todos los alumnos en el currículo, de manera tal que puedan disponer de las habilidades aprendidas para manejar por sí mismos la mayor parte de sus conflictos interpersonales. Cuando no sean capaces de hacerlo por sí solos, pueden recurrir a terceros, como los compañeros mediadores o los adultos especializados en la mediación, para que intervengan y les ayuden a resolver el problema. (Halligan y Araiz Iverson, 1999: 78)

Entre los beneficios del currículo de resolución de conflictos con énfasis en mediación, tenemos que:

• Los alumnos aprenden a manejar los conflictos sin pelear, insultarse, quejarse a un adulto o simplemente abandonar la disputa.
• Los alumnos enfrentan sus conflictos con mayor confianza e independencia, asumen con las responsabilidades sus problemas personales y se vuelven menos dependientes de los adultos para resolverlos.
• Los docentes dedican menos tiempo a controlar la disciplina y más tiempo a la enseñanza.
• Los conflictos hogareños se resuelven con mayor eficacia.
• Disminuyen significativamente las suspensiones, expulsiones y también las tensiones.
• El aula se convierte en un ámbito de aprendizaje más pacífico y productivo, lo cual a su vez mejora el clima general de la escuela. (Id.)

Ahora bien, los objetivos de la enseñanza centrada en la resolución de conflictos son los siguientes:

· Cambiar las creencias negativas acerca del conflicto.

· Ayudar a los alumnos a tomar conciencia del conflicto en su vida.

· Ayudar a los alumnos a comprender el rol que desempeñan las emociones en un conflicto.

· Enseñar habilidades básicas para comunicarse mejor y con más eficiencia.

· Enseñar a los estudiantes a participar en la solución conjunta de problemas. (Ibíd.: 79)

En el proceso de aprendizaje cooperativo formal, los alumnos laboran en equipo corresponsabilizándose de los resultados que producen, de tal manera que al seno del grupo surge el compromiso de todos los integrantes de desempeñar las tareas que les corresponden. Así el trabajo individual resulta irrelevante, en tanto que lo importante es que se esfuercen por apoyarse para mantener todos y cada uno el nivel requerido para responder a las expectativas del profesor en relación con las tareas asignadas.

Las tareas se caracterizan por estimular los círculos de lectura, los grupos de reflexión, análisis y discusión, la solución consensuada de problemas y la presentación de trabajos argumentativos del grupo, así como la democratización de las relaciones interpersonales.

El compromiso de los maestros en un programa de aprendizaje cooperativo formal se circunscribe a cinco responsabilidades:

1. Especificar los objetivos de la lección. Toda lección tiene dos objetivos: el objetivo académico y el objetivo social. El primero enuncia los conceptos y estrategias que hay que aprender; el segundo enuncia la habilidad interpersonal o de pequeño grupo que hay que llegar a dominar.
2. Tomar las decisiones previas. Los maestros deciden el tamaño de los grupos, el método para asignar los alumnos a uno u otro grupo, los roles de los estudiantes, los materiales necesarios y el ordenamiento espacial en el aula.
3. Explicar la tarea y la interdependencia positiva necesaria para realizarla. El maestro define el encargo, los conceptos y estrategias necesarios, especifica la interdependencia positiva y la responsabilidad individual, establece los criterios del éxito y explica las habilidades sociales que se espera que los alumnos obtengan.
4. Observar y controlar el aprendizaje, e intervenir en caso necesario. El maestro observa sistemáticamente y recoge datos sobre cada grupo. Cuando es necesario, interviene para ayudar a los alumnos a completar correctamente la tarea y a trabajar juntos con eficacia.
5. Evaluar el aprendizaje y ayudar a los alumnos a evaluar sus grupos. Primero el maestro evalúa el aprendizaje y el desempeño; después ayuda a los miembros de cada grupo a estimar la eficacia con que han estado trabajando juntos. (Johnson y Johnson, 1999: 43)

Si los programas de aprendizaje cooperativo promueven un eficaz desempeño en los alumnos, y sobre todo mejoran sus relaciones interpersonales; si, por otra parte, se constituye en el sustrato de programas de solución colaborativa de conflictos al favorecer el apoyo y la ayuda mutua, encontramos que la mediación se convierte en un proceso vivencial que propicia el desarrollo de habilidades cognitivas y de la capacidad para negociar asociativamente los conflictos.

En consecuencia, la institucionalización de la mediación escolar en el sistema educativo es una eficaz alternativa para reducir la violencia, y se constituye en una estrategia preventiva para que menores en riesgo de actualizar ilícitos penales, se abstengan de cometerlos.