Mediación comunitaria y menores en riesgo
Cuando la familia y la escuela fallan en su función socializadora, el menor en riesgo queda en estado de exposición, y se potencian las probabilidades de que la influencia perniciosa del medio en que está inmerso produzca el desencadenamiento de conductas tales como:
- Abandono del hogar.
- Deserción escolar.
- Uso de sustancias alteradoras de la mente.
- Actualización de sanciones administrativas.
- Comisión de ilícitos penales.
En este contexto, el Estado mexicano, a través de las instituciones protectoras de niños y adolescentes, procura rescatar a los menores y aplicarles medidas tendientes a modificar su condición.
Por su parte, las entidades federativas y el Distrito Federal, a través de dependencias como
En este sentido, los esquemas estratégicos, los programas y las acciones que al respecto se han implementado han producidos magros resultados, ya que la violencia que genera las condiciones que colocan a los menores en riesgo continúa manifestándose, e incluso se multiplican día a día los conflictos que la desencadenan.
Asimismo, las organizaciones ciudadanas que atienden, rescatan y protegen integralmente a menores en riesgo son insuficientes para dar respuesta al número cada vez mayor de niños y adolescentes atrapados en esta condición.
Todo esto, independientemente de que su ámbito de acción se ve restringido por las mismas autoridades, que no muestran la sensibilidad requerida para responder a las necesidades que tales organizaciones tienen para cumplir a cabalidad con su misión.
Aquellos conflictos familiares y escolares que desencadenan actos reiterativos de violencia y que producen menores con un perfil de riesgo, ameritan respuestas innovadoras del Estado y de las agrupaciones sociales.
Dicho de otra manera, resulta necesario avanzar en las estrategias convencionales hasta ahora implementadas, ya que se atiende a los menores pero sin modificar los factores que los colocan en condición de riesgo, de ahí que su rescate se torne complejo; y las causas, al continuar ramificándose, multiplican los casos de desviación y peligrosidad social de menores.
El reto es establecer objetivos, estrategias y líneas de acción encaminados a prevenir la colocación en riesgo de menores y que quienes ya se encuentran en esta situación se abstengan de actualizar ilícitos penales. Que se apliquen las medidas pertinentes para liberarlos del estado en que se encuentran, para lo cual es necesario neutralizar las causas que los colocan en tal condición.
En este ámbito, es pertinente establecer con claridad que:
- La situación de riesgo o de infractor en que se encuentra el menor es un problema social.
- La prevención social de estas conductas hace a la comunidad responsable de los planes que el Estado instrumente en la materia.
- La comunidad está en condiciones de autorregularse y participar activamente en la prevención primaria de tales conductas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por dar a la comunidad un rol protagónico en la prevención de la criminalidad, la realidad es que su participación ha tenido una connotación más bien simbólica, sin demeritar resultados aislados en programas destinados a este propósito.
En este contexto, la comunidad, que en última instancia debiera constituirse en la red que evite la caída del menor en riesgo y del menor infractor, no sólo lo deja a la deriva, sino que facilita que ambientes criminógenos que de ella emanan incidan en éstos, potenciando su peligrosidad.
Considero que se debe revalorizar la función socializadora de la comunidad, específicamente la de aquellos grupos humanos que están en condiciones de incidir en la conducta de los menores.
En efecto, el espacio de convivencia del menor –más allá de la familia y la escuela– es el barrio, donde socializa con sus pares. También ahí puede suceder que se le auxilie en la solución de conflictos surgidos en las instituciones sociales ya mencionadas, o al contrario, que se le estimule a través de ejemplos e influencias nocivas y se refuercen sus tendencias antisociales.
Asimismo, también tenemos que en cada colonia, barrio o vecindario, encontramos personas interesadas por lo que sucede a aquellos con quienes conviven, precisamente en un entorno donde es factible que ejerzan una influencia favorable, pero que carecen de medios para ayudarlos. También encontramos personas dispuestas a corromper a los menores con quienes comparten el entorno y a ejercer sobre ellos influencias nocivas, en cuyo caso siempre cuentan con los medios para hacerlo.
No basta con que el Estado facilite la organización de comités de barrio para que coadyuven con el sistema de seguridad pública. Es necesario que se capacite a las organizaciones ciudadanas, específicamente, en cuestiones que apunten a la pacificación de los espacios sobre los que ejercen su influencia.
Ante esta situación, y toda vez que los conflictos en una comunidad suelen resolverse a través de la violencia, consideramos pertinente la instrumentación del Programa de Mediación Comunitaria, con énfasis en disputas vecinales.
Se propone la profesionalización de mediadores pares, seleccionados en los espacios de convivencia donde los conflictos se suscitan y cuyo perfil denote honestidad, confianza y respetabilidad.
Los mediadores serían ciudadanos voluntarios con espíritu de servicio, preocupados por atender las necesidades de sus vecinos y en pacificar contextos conflictivos, de tal forma que se impulsen ambientes cooperativos en las familias y entre vecinos. Con ello se sientan las bases para que, a través de la mediación, se faciliten y mejoren las relaciones interpersonales.
A través de la mediación vecinal se democratizan las relaciones de los integrantes de la comunidad, al privilegiarse el diálogo y reducirse la propensión a relaciones jerárquicas y rígidas que suelen desencadenar violencia y generar un efecto devastador en la salud mental y en la dignidad de los menores.
La mediación vecinal contribuye a:
- Que las disputas en la familia se aborden oportunamente; es decir, cuando los lazos afectivos aún no se han roto. Al aprender la pareja a comunicarse asociativamente se modifican patrones dañinos de conducta y se mejora la relación familiar.
- Los conflictos entre padres e hijos, o entre menores y los adultos bajo cuya custodia se encuentran, y de estos últimos entre sí, se atienden también oportunamente. Por ello es factible mejorar las relaciones interpersonales y abatir las probabilidades de colocar a los menores en riesgo.
- Los conflictos surgidos entre la familia y la escuela a consecuencia de la conducta del menor, además de resolverse, se traducen en compromisos que propician el comportamiento prosocial de miembros de la familia y del menor mismo.
- Los conflictos entre menores de distintas familias se resuelven a través de acuerdos que ellos mismos construyen, previniéndose con ello estallidos de violencia.
- Las desavenencias entre vecinos, que en casos extremos han llegado a culminar con la privación de la vida de alguno de ellos, se resuelven, se restauran sus relaciones y se establecen vínculos que favorecen la pacificación del barrio, y se constituye en un referente de aprendizaje para los menores inmersos en la influencia nociva de este tipo de conflictos.
- Los vecinos toman conciencia de que sus conflictos los mantienen alienados frente a una realidad en la que su cohesión se traduce en mejoramiento de las condiciones de vida de su espacio de convivencia.
- A que se pacifiquen los espacios sociales, al incidir positivamente en los conflictos y mejorar las relaciones entre los integrantes del grupo.
- A que se prevengan las conductas antisociales al validarse el diálogo, la tolerancia y la colaboración en el abordaje de los conflictos.
- A que se democraticen las relaciones interpersonales, ya que propicia un cambio de actitud ante los conflictos y acuerdos producto del consenso, con lo cual se abren espacios para transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.
los felicito por este artículo. adelante
ResponderEliminar